El 10 de marzo de 2022, el Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente con el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Paralelamente al trabajo de esta comisión se creó una oficina de atención a víctimas que sigue abierta en la actualidad y a la que han acudido muchas personas para narrar sus historias de los abusos sexuales sufridos.
Por aquel momento, las congregaciones religiosas ya habíamos iniciado un trabajo de investigación de los hechos del pasado, de escucha y acogida a las víctimas y de elaboración de medidas preventivas para generar cambios estructurales que garantizaran la no repetición. Es indudable que la puesta en marcha de esta comisión por parte del Defensor del Pueblo dio un fuerte impulso a nuestros trabajos y posibilitó una mayor coordinación, tanto entre congregaciones, como con las diócesis para responder conjuntamente a las solicitudes que se nos formularon.
Un año y medio después, en octubre de 2023, el Defensor del Pueblo hizo público su informe en el que se señalaban una serie de recomendaciones para llevar a cabo. En el momento actual aún se está pendiente de que el Defensor del Pueblo complete la encomienda que le hizo el Congreso, presentando el informe en la sede parlamentaria. Mientras tanto, en abril de 2024, el Gobierno de España elaboró su propio plan de respuesta e implementación del informe realizado.
Trabajo conjunto de la Iglesia en España
Este plan del ejecutivo es público y ha sido estudiado por diferentes instituciones de Iglesia propiciando algún encuentro sectorial en función de las actuaciones que en él se señalan. Recoge una serie muy variada de intervenciones y normativas que son, como es el caso de la aplicación de la figura del coordinador de bienestar previsto en la LOMLOE, de ámbito general y no se circunscriben solo a la Iglesia Católica. Está estructurado en torno a cinco ejes: reconocer y reparar; atender a las víctimas y/o supervivientes; prevenir; formar y sensibilizar; informar e investigar. Es evidente, que el punto más controvertido es el que hace referencia a una normativa para regular la reparación económica a las víctimas.
Durante todos estos meses se ha ido incrementando el contacto entre las congregaciones religiosas, ayudándonos unos a otros a partir de los aprendizajes que cada uno hemos ido realizando, ya sea en la atención a las víctimas, en la aplicación de procesos de justicia restaurativa o en la articulación de medidas preventivas. La creación de un puesto de coordinación en la CONFER y de una comisión de apoyo a la oficina de entornos seguros ha ayudado en esta línea. Igualmente, la coordinación entre la CONFER y la CEE ha sido permanente, tanto en el estudio de una respuesta común de Iglesia ante el drama de los abusos, como en la elaboración de propuestas concretas y foros de reflexión aprovechando las convocatorias de encuentro de las oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas.
Todo esto nos ayuda a situarnos adecuadamente ante el plan que la plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado con un amplísimo consenso. La Iglesia necesitaba plasmar en un documento todas las acciones que en estos años se habían iniciado o que próximamente se pondrán en marcha como respuesta a las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo. Teniendo en cuenta el documento elaborado por el Gobierno de España, pareció oportuno estructurar esta respuesta global de la Iglesia en los mismos ejes que se encuentran en él y que anteriormente he señalado.
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Las líneas de trabajo
Este es el documento denominado: Líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia Católica en España y que ha sido presentado recientemente al Defensor del Pueblo por parte de los presidentes de la Conferencia Episcopal Española y de la CONFER, como la respuesta global a las recomendaciones que él nos realizó en su informe.
En este documento se recogen elementos que aparecen en el plan del gobierno y de los que esperamos un desarrollo normativo: es el caso de la referencia a las oficinas de la atención a las víctimas del delito, a la coordinación con las unidades especiales de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, al refuerzo de los servicios sociales o al desarrollo de la figura del coordinador de bienestar. En todos estos aspectos, recogidos en las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia y en el plan del gobierno de España sería deseable una colaboración, cuando tengan una concreción operativa por parte del gobierno central y autonómico.
El ‘PRIVA’
Dentro del primer eje denominado «reconocer y reparar», una de las líneas de acción que este documento señala es la elaboración de un Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abuso cuyos casos hayan prescrito o haya fallecido el victimario. Este plan, conocido como PRIVA, ha tenido un largo proceso de gestación hasta llegar a la configuración que tiene en la actualidad.
Ante todo, es importante tomar conciencia de que el PRIVA nace de una iniciativa eclesial ante la asunción de una responsabilidad moral para atender las necesidades de reparación integral de aquellas víctimas que no pueden acudir ni a la justicia civil ni a la justicia canónica, bien por prescripción de los hechos, o bien por el fallecimiento del victimario. No es fácil imaginar otra manera de atender a las víctimas en el seno de la Iglesia Católica en estos casos en los que la justicia civil no tiene posibilidades de actuación, si no se cuenta con este compromiso voluntariamente impulsado por la propia Iglesia.
Este es el sentido en el que el presidente de la CEE expresó en la rueda de prensa conjunta con el presidente de la CONFER de que, efectivamente, el PRIVA responde a una decisión unilateral de la Iglesia, dado que no hay ninguna medida coercitiva por parte de los poderes del Estado que puedan obligarle a ello. La prescripción o el fallecimiento del victimario cierran las puertas de la justicia a las víctimas y es entonces cuando la Iglesia abre otra puerta, la prevista en este plan y lo hace de “motu proprio”, de una forma voluntaria por el deber moral contraído con estas personas por el dolor causado por algunos de sus miembros.
Reparación ‘rostro a rostro’
El plan está planteado con una vocación de atender a cada caso en particular de modo que, ante la solicitud de una víctima de acogerse a él, pueda incorporarse todo el trabajo que ya se ha realizado con esta persona bien desde las oficinas diocesanas, desde las congregaciones religiosas o desde la oficina de atención a víctimas que puso en marcha el Defensor del Pueblo. La colaboración con esta institución pública reconocida por la sociedad y que ha jugado un papel importante en el análisis de los casos de abusos sexuales en la Iglesia es deseable para poder seguir avanzando en una repuesta coordinada ante las necesidades de las víctimas.
El PRIVA es ciertamente un plan promovido por la Iglesia, pero con una vocación de independencia. Para ello se articula una comisión formada por profesionales de prestigio, provenientes del ámbito jurídico y del médico forense. Junto a ellos habrá representantes de las instituciones implicadas y de las víctimas a través de las asociaciones o entidades que trabajan con ellas.
Esta comisión tendrá la misión de analizar cada una de las solicitudes de reparación recogiendo los informes pertinentes de las congregaciones o de las oficinas diocesanas y públicas que ya han escuchado y acompañado a esas personas de maneras muy diversas. En los casos en los que una persona narre su historia por primera vez será la Comisión la que tendrá que articular el procedimiento para valorar los hechos y conforme a esta valoración, realizar una propuesta personalizada de reparación para que sea aplicada por la congregación o diócesis correspondiente.
Una obligación moral
El PRIVA no tiene el rango canónico de norma dado que esto supondría un proceso de aprobación por parte de la Santa Sede que alargaría los plazos de su aplicación, pero que no tenga una obligatoriedad jurídica, no debería reducir su obligatoriedad moral para cada una de las instituciones de la Iglesia que se acogen a él. Así se señala en uno de sus puntos: En todos los casos, la iglesia, por medio de la CEE y la CONFER, debe arbitrar los medios para que se pueda propiciar un resarcimiento de los daños ciertos y reales padecidos por las víctimas.
El PRIVA se articula en tres apartados: La víctima, la reparación y la prevención. El objeto específico del mismo es desarrollar un procedimiento de reparación integral, pero para ello define en primer lugar el compromiso con colocar en el centro de la reflexión y acción a la víctima y se complementan las medidas de reparación con una serie de iniciativas de prevención que, aplicadas con rigor, son para muchas víctimas medidas sanadoras para su propia historia personal. Estas medidas preventivas que aparecen en el PRIVA están incluidas en las Líneas de trabajo de las instituciones de Iglesia en el eje correspondiente.
Reparar y prevenir
Es necesario situar al PRIVA en los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de estos últimos años. Posiblemente hubiera sido deseable un abordaje desde el inicio de la detección de los casos de abusos sexuales en nuestras instituciones de una forma más unitaria, tanto entre nosotros como con respecto a los poderes públicos, pero no podemos reescribir la historia sino aprender de ella. El hecho de que cada congregación u oficina diocesana haya ido haciendo su camino, también nos ha permitido aprender los unos de los otros. El no haber tenido desde el inicio un plan orgánico perfectamente articulado y aplicable para todos, no ha significado que los caminos de cada institución no hayan tenido muchos elementos de convergencia con el resto.
En estos años hemos aprendido a acoger a las víctimas y nos han ayudado enormemente las entidades que trabajan con ellas, impregnándonos de su sensibilidad y de su saber hacer. Hemos impulsado procesos de escucha y justicia restaurativa que en muchos casos han cumplido los objetivos para las que nace el PRIVA, acompañando con profesionales externos las diferentes necesidades de sanación y reparación de cada persona en su individualidad. Hemos hecho cambios estructurales en nuestras organizaciones para generar ambientes seguros, formar a los educadores y religiosos e implementar medidas preventivas que pasan a ser ya parte de la cultura de nuestras organizaciones.
Criterios orientadores
Con todo este camino realizado llegamos al PRIVA. En él se afirma con nitidez un principio de no revictimización para que toda la información con la que se cuenta por parte de las oficinas de diócesis y congregaciones o por parte de la oficina de atención a víctimas dependiente del Defensor del Pueblo, llegue a la Comisión sin necesidad de que la víctima tenga que volver a empezar de nuevo a narrar su historia.
Es indudable que un plan como el PRIVA requiere de un desarrollo normativo y de una estructura para su adecuada aplicación. Este desarrollo ha quedado recogido en un articulado de Criterios orientadores para la aplicación del mismo. La estructura y procedimiento de aplicación aún debe ser definida y explicada con claridad tanto a las víctimas, como a las Congregaciones y oficinas diocesanas. Este es un punto muy importante de trabajo para no generar en la opinión pública unas expectativas de inmediatez que no puedan ser satisfechas con el rigor y la profesionalidad que se necesita.
Sin duda, estamos ante un paso más dado por la Iglesia en el que sería deseable poder contar con el apoyo de la institución pública a la que se confió el análisis de los abusos sexuales e informó sobre los mismos. Solo caminando juntos y escuchando la voz de cada víctima en particular y la sensibilidad que nos aportan las asociaciones y entidades que trabajan con ellas, podremos dar una respuesta a los hechos del pasado para generar ambientes seguros en el presente.
Texto: Fernando García Sánchez, SDB | Inspector de la Provincia Salesiana Santiago el Mayor
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