El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva regularización extraordinaria de migrantes. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran que esta aprobación es una medida de responsabilidad política, ética y social.
Ante un proceso tan complejo técnica y logísticamente que ha de desarrollarse en un período muy limitado de tiempo, las entidades firmantes confían en que el proceso de regularización extraordinaria dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias de la normativa de extranjería.
Expresión coherente del Evangelio
La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión. No se trata únicamente de una opción pastoral, sino también una exigencia en materia de derechos humanos y por tanto de una expresión coherente del Evangelio en la vida pública.
Este paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión, supone además un refrendo al proceso participativo impulsado por la sociedad civil, que logró concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabar más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Desde el año 2023 las cuatro entidades eclesiales han participado en este proceso y en multitud de reuniones con actores políticos y sociales exponiendo la preocupación compartida y constatada en el día a día de su labor de acompañamiento por la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social.
Salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad
La regularización permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar.
También facilita el acceso efectivo a la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios esenciales, además de permitir realizar trámites cotidianos —como abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato— sin miedo. La regularización reduce la exposición a la explotación laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso, y ofrece la tranquilidad de poder circular y relacionarse con las instituciones sin riesgo. En definitiva, supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social.
