Madrid, 3 de mayo 2016 (IVICON).- Dentro de una acción coordinada con otras redes católicas de la UE, las entidades de la Iglesia católica en España que trabajan con migrantes y refugiados –Cáritas, CONFER (Conferencia Española de Religiosos), el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz— han remitido una carta a los europarlamentarios españoles en la que manifiestan que “el reciente acuerdo de la Unión Europea con Turquía constituye un cambio monumental en la política de protección internacional de la UE”.
En la misiva se afirma con rotundidad que “por primera vez en la historia, se ha celebrado un acuerdo entre la UE y un país tercero que se dirige, expresamente, a impedir que las personas que buscan protección accedan a las fronteras exteriores de la UE”.
Se trata de una denuncia compartida también por la Conferencia Episcopal Española, que recientemente ha calificado el Acuerdo con Turquía como «injusto con todas las de la ley».
La carta ha sido remitida a los eurodiputados españoles que forman parte de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Subcomisión de Derechos Humanos. En el envío se han incluido también las embajadas en España de los Países Bajos, país que ostenta la presidencia semestral de la Unión Europea, y de Eslovaquia, que asumirá la presidencia el próximo semestre.
Elementos de mayor preocupación
La carta enumera los elementos claves del Acuerdo que más preocupan a las instituciones firmantes, como son:
– El retorno a Turquía de todas las personas que llegan irregularmente desde Turquía a las islas griegas.
– El uso de la detención indiscriminada en ‘hotspots’ en las islas griegas, particularmente dañino para un número creciente de mujeres y niños que llegan desde Turquía.
– El riesgo de separación de familias y de añadir experiencias traumáticas adicionales a personas vulnerables que huyen de la violencia, la guerra y la persecución.
– El esquema de “uno por uno” para reasentar a refugiados sirios sólo desde Turquía a la UE.
Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz recuerdan a los europarlamentarios españoles que “las negociaciones y la conclusión del acuerdo han tenido lugar sin ninguna consulta al Parlamento Europeo”. “En su lugar, las representaciones democráticas del pueblo en Europa han sido deliberadamente excluidas del proceso”, añaden.
Vulneración de derechos
Señalan, además, que “las medidas estipuladas en el acuerdo son ilegales porque vulneran normas internacionales de derechos humanos así como el derecho de la Unión Europea”. En concreto:
El retorno indiscriminado a Turquía de todos los migrantes que crucen irregularmente el Mar Egeo hasta Grecia constituye, “de facto”, una expulsión colectiva.
Turquía está lejos de ser capaz de proporcionar suficiente seguridad y el cumplimiento del conjunto de derechos de los que gozan los refugiados bajo derecho internacional, en particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Por tanto, Turquía no cumple los criterios de tercer país seguro o de país de primer asilo seguro bajo el derecho de la UE.
Hay informes de las deportaciones de refugiados (sirios) desde Turquía a Siria. Una expulsión del territorio de la UE a Turquía puede, por lo tanto, derivar en una deportación en cadena de un refugiado al país de persecución y constituye una violación del principio de no devolución.
Posibles alternativas
En otro párrafo de la misiva se afirma que “la detención indiscriminada de solicitantes de protección también es ilegal, ilegalidad acentuada por el número significativo de familias, mujeres y niños que hacen el viaje desde Turquía a las islas griegas”. Se recuerda, a este respecto, que “existen alternativas razonables y eficaces al acuerdo UE-Turquía”.
Ya como Cáritas Europa, el Servicio Jesuita a Refugiados Europa y otras organizaciones religiosas propusieron en noviembre de 2014 para abrir nuevas vías legales y seguras de acceso a la protección en Europa medidas como la emisión de “visados humanitarios” o la retirada de la exigencia de visado a colectivos como los que huyen de la guerra en Siria. “Tales medidas –se indica en la carta– no requieren grandes cambios legales, sino más bien ser implementadas como parte de una política coherente”.
Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz concluyen con una petición a los europarlamentarios españoles para que “expresen su indignación por no haberse tenido en cuenta al Parlamento Europeo en el acuerdo UE-Turquía, adopten una postura firme sobre este tema, pidan la anulación del citado acuerdo y presionen para que se desarrollen vías de acceso legal y seguro a protección”.
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