El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado en el Congreso de los Diputados una nueva edición del informe CIE, cuyo título es Raíces tras los muros y denuncia que en 2024 ingresaron en los distintos centros de internamiento de extranjeros personas migrantes con alto arraigo en España, con proyectos familiares y laborales.
El informe recoge que el año pasado fueron internadas 1.863 personas. De todos ellas, el 59,6 % llevaba de 1 a 7 años en nuestro país y tenían una edad comprendida entre 25 y 46 años.
«Hablamos de personas que tienen proyectos personales y familiares»
Luis Arancibia, delegado del sector social de la Compañía de Jesús en España, quiso señalar que «hablamos de personas que tienen proyectos personales y familiares y forman parte activa de nuestros barrios y comunidades. Son vecinos y vecinas nuestras». Pese a ello, son obligadas a permanecer en el CIE «sin valorar las circunstancias personales ni contemplar alternativas ya previstas en la legislación». Además, muchos de ellos acaban en esta situación al ser identificadas al azar en la vía pública.
Se trata de una incorrecta aplicación de la Ley de Extranjería, que establece que «el ingreso en los CIE debe ser un recurso no penitenciario, de carácter excepcional, concebido como medida para facilitar la repatriación», explicó Iván Lendrino, coordinador del programa CIE del SJM. Desde la entidad señalan también que, sin embargo, «casos acompañados por el SJM muestran que esta excepcionalidad no se respeta y que, en demasiadas ocasiones, se priva de libertad a personas con largas trayectorias de arraigo».
El informe se detiene también en las condiciones de internamiento: «El acceso a la comunicación es limitado, como evidencian las restricciones al uso de móviles o los obstáculos en las visitas familiares o de ONG». Además, «la atención sanitaria es insuficiente».
Además, el SJM denuncia los «entornos hostiles, la ausencia de canales de denuncia seguros y procedimientos de repatriación con prácticas que continúan presentando irregularidades».
Por último, el informe presenta una serie de recomendaciones, a las que llaman propuestas conclusivas, «con el fin de impulsar políticas que garanticen derechos y eviten el recurso a la privación de libertad como herramienta de gestión migratoria».
