«Los centros concertados no cobran cuotas ilegales ni discriminan a los alumnos en los procesos de admisión»

Colegio

Escuelas Católicas ha salido en defensa de la escuela concertada. Durante los últimos días se ha publicado en varios medios de comunicación, afirmaciones incorrectas hacia  la institución que “denigran a una red consolidada y valorada por las familias”.

En una nota de prensa publicada sobre el tema, afirman que “la normativa vigente sobre la admisión de alumnos es clara e igual para los centros públicos y concertados. Todos los centros concertados cumplen estrictamente con dicha normativa a través de las plataformas digitales creadas por las Administraciones educativas competentes, y rechazamos cualquier práctica que implique segregación o discriminación de los estudiantes”.

Además consideran que las conclusiones que se resaltan en ciertos informes sobre el cobro generalizado de cuotas ilegales en la educación concertada son sesgadas y no reflejan la realidad de su modelo educativo. 

Coste real del puesto escolar

El Ministerio de Educación ha anunciado estudiar el coste real del puesto escolar. Para Escuelas Católicas este hecho es positivo, pero piden que no se quede en palabras y que se cumpla con la LOE en dos aspectos:

  • Constitución de la Comisión de estudio del coste de impartición de enseñanza encargada de actualizar el módulo de los conciertos educativos para que refleje de manera adecuada los costes reales de la enseñanza, en condiciones de gratuidad.
  • Suficiencia de la financiación pública para cubrir completamente el coste de impartición de las enseñanzas concertadas, tal como establece el artículo 88.2 y el artículo 117 de la LOE, en condiciones análogas a la enseñanza pública.

Escuelas Católicas reafirma en la nota su compromiso con una educación de calidad y con el cumplimiento estricto de todas las normativas vigentes, tanto en materia de financiación como de admisión de alumnos. “La educación concertada es un pilar esencial dentro del sistema educativo, y su correcta financiación y funcionamiento son imprescindibles para garantizar el acceso a una enseñanza equitativa y plural para todas las familias. No se puede exigir equidad educativa, sin garantizar una financiación pública equitativa entre las dos redes que prestan el servicio público de la educación”.

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